MIS SUGERENCIAS PARA EL MODELO POLICIAL DEL SIGLO XXI

Este artículo lo escribí hace ya catorce años, pero visto lo visto todavía, sigue valiendo todo lo que dice para el momento actual.

     Hará algunos años, contemplé un programa de televisión en el que, en un plató decorado como una sala de justicia, se procesaba un tema problemático de la sociedad. En aquella ocasión, debido a la creación de las policías autonómicas vasca y catalana y al auge de las policías locales, se juzgaba si era bueno el excesivo número de cuerpos de policía para el ciudadano, poniendo como lamentable ejemplo un reportaje de una persona víctima de un delito en el límite fronterizo de una provincia y comunidad autónoma, a la que ningún agente policial hacía ningún caso, discutiendo unos con otros quién era competente para actuar. Evidentemente, a pesar de la tenaz labor del abogado que defendía la pluralidad de cuerpos policiales, el jurado acabó declarando culpable el excesivo número de ellos en España y, por tanto, perjudicial para la eficacia y la seguridad pública. En el programa, aunque no se decantó por qué número de cuerpos policiales sería el ideal, el juez concluyó que lo realmente importante es que ningún ciudadano quede desatendido cuando pide ayuda a la policía ni que anden mareándolo de una dependencia policial a otra a ver cuál es la que tiene competencia en su caso.

Estando en activo, yo mismo fui apercibido de sanción por mis superiores por la "descabellada ocurrencia" que tuve de comunicarme directamente por teléfono con el responsable de la policía autónoma vasca de un pueblo donostiarra, con ocasión de la necesidad de la rápida localización de un delincuente que acababa de cometer un robo en mi demarcación. O de la cantidad de personas que venían a la oficina de denuncias del puesto en que prestaba mis servicios enviadas por la policía local, sorprendidas porque otro cuerpo policial no era competente para instruir atestados ni por el delito más pequeño (Más impotentes debían sentirse algunos compañeros de azul al tener que decir a bastante gente que no podían atenderles). Incluso cuando tenían que detener a un delincuente por haberlo sorprendido "in fraganti" sólo podían confeccionar un informe para que la policía estatal lo adjuntara al atestado. Es más, el delincuente era trasladado de las dependencias de la policía local a la comisaría o puesto correspondiente, siendo en muchos casos devuelto de nuevo al calabozo municipal por la ausencia de ellos en muchos cuarteles.

Y hablando de terrorismo, ¿Cuántos casos conocemos, difundidos o no por los medios de comunicación, de descoordinación policial que han permitido la fuga de etarras? Demasiados para tratarse de delitos que son sólo competencia del Estado a través de sus dos cuerpos policiales, que en muchas ocasiones compiten entre ellos más que la obligada cooperación.

Pero estos ejemplos no fueron tenidos en cuenta por la subcomisión del Congreso de los Diputados que entre 1998 y 1999 se formó para el estudio del futuro modelo policial. Sus conclusiones hechas públicas a finales de ese último año, a pesar de contar con muy buenas propuestas por parte de casi todos los sindicatos policiales y nuestra asociación, fueron tremendamente decepcionantes. Aceptaban como válido el modelo establecido por la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, recomendando únicamente avanzar más en la necesaria – mejor dicho, obligada – coordinación policial, sin que hasta la fecha, más de tres años después, se haya materializado nada concreto, a pesar del visible y preocupante aumento de la delincuencia que pone de manifiesto el fracaso del actual sistema. El Gobierno del PP, muy en su línea conservadora, dispone un aumento de efectivos en el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, más que nada para cubrir el déficit de personal que arrastran desde hace años, antes que modificar ni una sola coma de la L.O. 2/1986, una norma con tantos defectos y lagunas en algunas materias que sorprende mucho cómo ha sobrevivido tantos años.

Además de lo anterior, observando la evolución de la delincuencia en esta última década, con un extraordinario aumento de la movilidad de los delincuentes y la proliferación de bandas organizadas que actúan tan pronto en Galicia como en Murcia, creo que el modelo policial del siglo XXI debe estar orientado a la máxima coordinación, entendiendo como máxima, al 100 %, y eso sólo se logra, a mi entender, de una sola forma: eliminando la pluralidad de cuerpos policiales, reduciéndolos al mínimo posible, y el mínimo posible es uno. Y como el delincuente ya hemos visto que actúa en cualquier tiempo y lugar sin fronteras autonómicas e incluso nacionales que le detengan, ese cuerpo debe ser estatal.

Al igual que las naciones disponen de unas únicas Fuerzas Armadas que les garanticen la seguridad contra amenazas exteriores, ¿Por qué no hacer lo mismo con la Policía? Puesto que su principal función es garantizar la seguridad de la población contra amenazas internas, nadie debe rasgarse las vestiduras si se propone un único cuerpo policial para todo el territorio nacional, unificando los ya existentes. Todas las administraciones públicas tienen claro el concepto de seguridad ciudadana, que es el mismo para el Presidente de la Comunidad Murciana que para el de Asturias, el procedimiento para instruir atestados e investigación de delitos es el mismo en toda España, incluso se confecciona de la misma manera una denuncia a la Ley de Pesca en Castilla-La Mancha que en La Rioja, tan sólo cambiando algunos conceptos formales. Con esto quiero decir que la labor policial es la misma en cualquier parte del país, lo único que varía es el color del uniforme del que realiza la labor. Lo malo es que todo funcionario policial depende de su propia organización y hasta ahora es ella la que decide que datos quiere o no compartir con otros cuerpos. ¿No es ideal que cada vez que un funcionario de policía introduce en su base de datos información sobre un hecho delictivo o detenidos, automáticamente ésta sea accesible a todos los demás y se facilite así la investigación? Pues eso es lo que realmente requiere el ciudadano de su policía: eficacia, y ésta se consigue solamente con la inmediatez de la información, la cual sólo es posible eliminando el principal obstáculo: la pluralidad de instituciones policiales.

Es cierto que hay determinadas funciones, como la vigilancia de edificios públicos autonómicos o municipales, o el velar por el cumplimiento de las órdenes y bandos de las comunidades autónomas y ayuntamientos, que parecen justificar una policía propia, pero en eso acertó la L.O. 2/1986 con las adscripciones de funcionarios policiales a las comunidades autónomas, siendo la primera Galicia. Pero, salvo los nacionalistas más extremos, ninguna administración debe preocuparse por no tener policía propia, porque si algo caracteriza a la Policía como institución es su disciplina y la obligación de hacer cumplir las leyes, ordenanzas o bandos, dimanen de quien dimanen. Todavía hay muchos municipios en los que la Guardia Civil hace de policía estatal, autonómica y local y el único problema que tienen con alcaldes o autoridades autonómicas cuando son requeridos por ellos es la escasez de personal.

Y con referencia a la escasez de personal, un único cuerpo policial dependiente del Estado garantizaría una mejor distribución de los efectivos, ya que, aunque pocas, hay zonas con superávit de policías, pero como pertenecen a distintas administraciones y con distintas competencias, no hay acuerdo ni amparo normativo que permita el trasvase a zonas desprotegidas. Tampoco se producirían los actuales agravios comparativos en las retribuciones que han provocado la desmoralización de los miembros de los cuerpos estatales al ver cómo policías con menos competencias ganan mucho más. Las únicas diferencias que se producirían serían en función del riesgo o la especialidad (explosivos, buceadores, operaciones especiales, antidisturbios, tráfico, protección de la naturaleza, antiterroristas, instituciones penitenciarias, policía judicial, etc.) y no de la administración de quién se dependa.

En conclusión, estos y otros problemas más que padece el caótico modelo policial español vigente quedarían solucionados con un único cuerpo de ámbito estatal, que a su vez estuviera fuertemente imbricado en similares de la Unión Europea, por la razón ya apuntada de que la delincuencia ya traspasa con facilidad las fronteras de los Estados miembros. La inseguridad ciudadana es un problema global que requiere una solución global y el policía, como servicio público, para ser más eficaz, debe estar al servicio del ciudadano, que es el destinatario de sus actuaciones, y no de los intereses territoriales o locales de ninguna administración pública.