LO QUE NUNCA DEBE HACER UN ABOGADO.

No hace mucho, tras ver en mi correo electrónico la circular de los servicios jurídicos de la Asociación a la que pertenecía, me decidí a escribir a mi delegación. Me respondieron que lo consultara al correo electrónico del abogado.

Hice la consulta que es la prueba principal de mis pretensiones. El abogado respondió citándome en su despacho. Y le expuse exactamente lo mismo que consulté, añadiendo los documentos necesarios. Parece que creyó en la justicia de mi petición y ante mis dudas por si estaba muy ocupado con la Asociación, dijo que podía hacerse cargo de la demanda. Fue su primera mentira.

Sí era un abogado muy ocupado, pues cada dos semanas yo llamaba y me decía que aún no había podido, hasta que casi dos meses después le remití un e-mail, apremiándole para que presentase la demanda, que el tiempo corría en mi contra. Mi paciencia se agotó y le ofrecí que pasara el trabajo a algún colega suyo que sí pudiera hacerse cargo. Respondió que la presentaba de inmediato. La hizo deprisa y corriendo ese mismo día. No me envió antes una copia para que la revisara su cliente, algo por desgracia habitual en muchos abogados.

Cuando todo empezó a ir mal fue a al recibir una llamada de la parte demandada, porque en la demanda se basaba en una mentira. Le respondí que no podía ser cierto, que se habría equivocado el abogado, pero al parecer no me creyó. Tampoco quise creerle a ella, me constaba que me había engañado en el pasado. Pero mi confianza en el abogado seguía siendo tan ciega que cuando se me ofreció negociar un acuerdo, me negué, creyendo que era porque la demanda estaba tan bien hecha que la habíamos intimidado. Como no quedé tranquilo, telefoneé al letrado y le pregunté si en la demanda había puesto esa mentira y me respondió que no, que la demanda fue redactada como acordamos (y yo me basé en el e-mail que inició todo). Pero de esta conversación no quedó, por desgracia, constancia escrita. Para salir de dudas, semanas después, por correo electrónico, solicité al abogado la copia de la demanda. Y no me respondió. Pensé que otra vez estaba muy ocupado. Volví a pedírsela en otro e-mail que tampoco obtuvo respuesta. Ya empezaba a inquietarme ¿Por qué no me la enviaba? Tuve que recurrir a la procuradora. Y aquí fue cuando supe ya que nos iban a destrozar en el juicio. Y ya no podía hacer mucho. Echarse atrás cuando había fecha de juicio también iba a generar un gasto importante en costas.

Comprobé que la demanda, hecha a toda prisa, no tenía nada que nada que ver con lo que acordamos. Errores impropios de profesionales del Derecho además de la flagrante mentira. ¿Por qué tuvo la temeridad de afirmar con seguridad tal dato sin prueba ni indicio alguno? Luego, fijaba plazos sin justificación alguna y, lo peor, exigiendo que la otra parte pagara las costas. Y, por último, yo creía que era el demandante el que debía aportar los documentos que probaran sus peticiones (y así debe ser), para no incurrir en temeridad. Fácilmente, la parte demandada demostró la mentira.

A pesar de ello, pensé que algún as bajo la manga debía guardar el abogado. Esto no podía ser posible. No podía ser tan negligente. Sin embargo, cuando pude hablar telefónicamente con él de ello, le restó importancia. Me habló de que había recibido la contestación a la demanda y podíamos ganar. Siempre tan ocupado (el que decía que tenía tiempo), terminó la conversación citándome en su despacho solo para la semana anterior al juicio para prepararlo. Le pregunté si el haber mentido así nos iba a perjudicar. Y, con su exultante seguridad en sí mismo, respondió que no, que eso era “irrelevante” (me ha hecho odiar esa palabra), que en la contestación a la demanda él veía un motivo que nos serviría para ganar. Le hacía sentir a uno como un tonto por haber dudado de su competencia. Me convenció de que el Juzgado no tendría en cuenta la mentira, pero yo seguía sin conciliar el sueño y más cuando pude echar un vistazo a la contestación de la demanda que me entregó al salir de su oficina. Por supuesto, si uno miente, la otra parte suele defenderse con mentiras también. Todas ellas yo las podía rebatir y demostrar. Se lo comenté al abogado antes de entrar a la sala del juicio, para ver si se podía contrarrestar nuestra (su) mentira con las de la otra parte, pero no me prestó atención. También le pregunté qué debía hacer si el juez me interrogara sobre por qué mentimos (mintió).

Tan sólo me dijo que no me iban a tomar declaración. Parecía tranquilo. Una vez en pleno juicio, la abogada de la otra parte dijo, con toda la razón, que si lo que demandamos hubiera sido cierto, la demanda hubiera sido innecesaria. Y el abogado ni respondió ni rebatió las otras afirmaciones falsas. Vi la cosa tan mal, que estuve a punto de pedir la palabra pero, con un gesto, me disuadió. No debí haberle hecho caso. Debí haber roto el silencio antes de que se hubiera consumado el desatino. Pero a uno le enseñan, erróneamente en este caso, a obedecer a su abogado, que se supone que sabe lo que hace.

Extrañamente para mí, él salió del juicio tranquilo. Con prisa, porque dijo que tenía otro asunto urgente que atender (cómo me engañó cuando me dijo que no estaba tan ocupado con la Asociación). Sólo quedaba esperar la sentencia y me la comunicó por teléfono. Aparentemente apesadumbrado, despotricando contra el juez, me dijo que habíamos perdido y además nos habían condenado a pagar las costas. Antes de despedirse, me pidió que le mandara un mensaje escrito si quería renunciar a apelar ante la Audiencia Provincial. Por supuesto que renuncié, no quería pagar más costas ni ser condenado otra vez. También le pedía copia de la sentencia. Nuevamente, caso omiso, y tuve que recurrir a la procuradora. La sentencia confirmó mis peores presentimientos. Y el pago de las costas, el peor, confirmó el efecto “boomerang” de lo que expuse anteriormente.

En conclusión, los tribunales sancionan duramente la afirmaciones falsas, lo que contribuyó a una sentencia con imposición de costas. Si el abogado hubiera hecho caso a lo que el cliente le pedía desde el principio, sustentado en otras sentencias favorables de otros tribunales, al menos se habrían generado las dudas suficientes como para que el juez hubiera estimado parcialmente la demanda o, en el caso de no estimarla, no imponer las costas.

Y viendo que el importe de la imposición de costas era más elevado que la minuta de honorarios que me solicitaba el denunciado, consideré que ya debía pagar más de lo que me correspondería si hubiera iniciado el proceso como debía ser, con la verdad, con las dudas ya expuestas. Costas, por otra parte, que sólo me fueron comunicadas después de haber procedido al embargo de mi cuenta bancaria y que me obligó a pagar muchos más intereses. Tampoco pude oponerme a la ejecución de costas, porque me quedé sin dinero para otro letrado y procuradora. También quedó seriamente dañada mi credibilidad (y mi economía) a la hora de pensar siquiera en el futuro en otra demanda.

Mi indignación cuando vi mi cuenta embargada por sorpresa fue tal que le escribí un correo electrónico quejándome amargamente de su pésimo trabajo, y no sólo no lo reconoció, sino que respondió con que eran infundios y me envió la minuta de honorarios a toda prisa (me facturó lo máximo permitido por el Colegio de Abogados, sin descuento alguno por ser socio). Eso prueba que se había olvidado tan por completo de mí, que hasta ni se acordó de sus honorarios (la procuradora me informó por e-mail que había trasladado al abogado el decreto de tasación de costas cuatro meses antes). En anteriores demandas con otros abogados nunca tuve discrepancias, me tuvieron en cuenta y, aunque las perdí, nunca hubo imposición de costas en mi contra.

Al día siguiente, le ofrecí el acuerdo (sin disimulo, claramente) de olvidarnos del asunto y considerase que ya había pagado mi parte de culpa (por confiar en él) con la imposición de costas, que no realizara jura de cuentas ni yo me quejaría al Colegio de Abogados, y quedásemos en paz (aún yo ignoraba que la ejecución de costas me iba a costar muchos euros más para mi maltrecha economía). Yo le estaba dando una sencilla oportunidad de rectificar sus errores. Pero ni siquiera respondió. De todas formas, estas conversaciones quedaron registradas. Posteriormente, por burofax, también le dí la oportunidad de que diera parte a su seguro de responsabilidad civil que cubre las negligencias profesionales, pero tampoco hubo respuesta.

Y siguió en su soberbia, diciendo al secretario jurídico de la Asociación, la primera persona a la que pedí mediación (porque en la página web de la Asociación dice que “Letrados contratados en exclusividad por cada Delegación garantizan un servicio de asistencia de calidad”, sin especificar entre temas profesionales y privados), que era un asunto privado entre él y yo, y que había actuado “correctamente”. Y con esa tajante respuesta, se olvidaron del asunto, sin molestarse más en investigar el hecho. A la vista está que no hizo nada correcto conmigo. Y debido al hecho de trabajar con la Asociación confié ciegamente en él hasta que ya fue demasiado tarde. Al igual que muchos estafadores engañan a sus víctimas haciendo creer que actúan con el respaldo de una empresa o entidad conocida y solvente, éste venía avalado por las siglas de la Asociación.

Si afirmó que hizo lo correcto, ¿Por qué me amenazó con “ejercer acciones legales ante la eventual publicidad de mis afirmaciones”? ¿Por qué no pudo resistir a mofarse de mí con “por mucho que lo digas no se hará realidad” cuando me estaba quejando al juzgado de que no me notificó el decreto de tasación de costas? ¿Por qué me mandó un SMS acusándome de tener yo “poca vergüenza” ya que dice que me avisó “de todo”? Si me avisó de todo, ¿Por qué no me reenvió ese decreto de las costas cuando se lo solicité inmediatamente después del mensaje suyo? ¿Por qué tuvo la desfachatez (o la ignorancia impropia de un letrado) de querer asistirme, y “minutar” por ello, en la ejecución de costas iniciada por su grave descuido?

El juzgado, al resolver la jura de cuentas, no tuvo en cuenta ninguna de las pruebas presentadas por mí, ni siquiera mi petición de registros telefónico y de e-mail para demostrar que el abogado nunca contactó conmigo para el pago de costas (yo vivía a más de 100 km. de su despacho en esas fechas, me tenía que avisar antes para notificarme o entregarme algo). El abogado afirma increíblemente que me entregó en mano todos los documentos que le solicité (ahí está la procuradora y mis correos electrónicos para atestiguar que no fue así, pero nadie le preguntó) y encima el abogado me acusó de un delito de extorsión (aún no sé el motivo) que le dijeron que lo denunciara aparte. Es decir, no solo se equivoca varias veces, sino que arremete contra su cliente para perjudicarle aún más. Y el juzgado de instrucción archivó mi denuncia penal seguramente por no contradecir a su vecino de 1ª instancia, a pesar de que otro juzgado ordenara la apertura de diligencias previas. No se hizo ninguna. Se me culpaba a mí y a la procuradora de la ausencia de notificaciones y se mantuvo silencio absoluto sobre las mentiras del denunciado, que parece que está muy bien relacionado.

El Colegio de Abogados, igual de corporativista, se fue por los cerros de Úbeda al acusarme, principalmente, de querer fiscalizar la tarea del abogado que, insiste, “es libre e independiente”. Pues si yo hubiera fiscalizado su tarea, no habría pasado todo esto. Yo hubiera prescindido de sus servicios a tiempo si no me hubiera engañado. Y la libertad e independencia del abogado tiene su límite en el código deontológico, porque no se puede mentir sin conocimiento ni consentimiento del cliente. Quizás no quisieron investigar ni profundizar en el caso, ni ver las pruebas remitidas ni solicitar las que yo pedía, porque el resultado de ello no iba a ser nada favorable para su colega. Y el corporativismo es una forma más de corrupción.

Todo lo expuesto demuestra que el abogado ha actuado primero de forma negligente y luego propia de un psicópata (según la definición criminológica) al arremeter contra su mí, su cliente y víctima, acusándome de mentiroso, voluble y embustero para no reconocer sus numerosos errores. Me hundió a pesar de saber perfectamente que estaba errando. Ha corrompido claramente los valores de su profesión y los de la Asociación. Y los dirigentes de la Asociación desatendieron mis súplicas de ayuda, ni siquiera se han dignado investigar el hecho, ni a acompañarme a su despacho a recuperar mis documentos personales que aún están en su poder. Y esta Asociación recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos...

ASÍ NO DEBE ACTUAR NUNCA NINGÚN ABOGADO.

NI NINGUNA INSTITUCIÓN DEBE PROTEGER O AMPARAR ESA CONDUCTA.